El cártel de jalisco nueva generación: un estado paralelo financiado por gasolina
No es una exageración: el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) está construyendo un estado paralelo en México, y la gasolina robada es el combustible que lo alimenta. Una investigación conjunta del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la OFAC y FinCEN, ha destapado una red criminal de proporciones alarmantes que pone en jaque la democracia mexicana y expone la fragilidad de sus instituciones.
El huachicol fiscal: un negocio multimillonario
Lo que comenzó como un negocio secundario de robo de hidrocarburos, el llamado “huachicol”, ha evolucionado a una sofisticada operación de evasión fiscal, el “huachicol fiscal”, que se ha convertido en la principal fuente de ingresos no relacionada con el narcotráfico para el CJNG. La cifra es escalofriante: más de 7 mil millones de dólares en movimientos irregulares detectados en un solo año, concentrados principalmente en la frontera con Texas y Florida. Un volumen de dinero que permite al cártel corromper, infiltrarse y, potencialmente, suplantar al Estado.
El esquema es laberíntico. El CJNG extrae ilegalmente crudo de Petróleos Mexicanos (Pemex) mediante sobornos y perforaciones clandestinas. Pero la verdadera maestría reside en el comercio internacional: empresas mexicanas, ostentando permisos de distribución de la Comisión Nacional de Energía, importan combustible desde Estados Unidos sin las autorizaciones de la Secretaría de Energía, falsificando documentos aduaneros y sobornando a funcionarios en los puertos de entrada. El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) se esfuma, y la gasolina, el diésel y la nafta se venden en el mercado negro y en gasolineras controladas por el cártel, con márgenes de ganancia obscenos.
Infiltración política: campañas, medios y contratos
Pero el dinero no se queda en bienes raíces ni artículos de lujo en Estados Unidos. Una parte crucial se inyecta directamente en el sistema político mexicano. El análisis de FinCEN revela que el CJNG financia campañas políticas a nivel local y regional, compra espacios en medios de comunicación para influir en la opinión pública y protege a sus candidatos aliados. La corrupción se extiende a puestos administrativos clave del gobierno, donde funcionarios sobornados facilitan las operaciones de contrabando y otorgan contratos estatales lucrativos, permitiendo al cártel lavar sus ingresos ilícitos disfrazados de negocios legítimos.
Oscar Guillermo Juraidini Silva, un contador sancionado por la OFAC, es el cerebro financiero de esta operación, creando empresas fantasma y falsificando documentación aduanera. Operadores logísticos como J. Refugio Ruiz Villagómez se encargan de sobornar a autoridades aduaneras y controlar los puertos de entrada entre Estados Unidos y México, pagando directamente a organizaciones criminales.
La respuesta de sheinbaum: exigencia de pruebas
Frente a estas acusaciones, la presidenta Claudia Sheinbaum ha exigido pruebas concretas al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, cuestionando la difusión de señalamientos sin una comunicación conjunta. Una reacción que, si bien busca proteger la imagen de México, no desmiente la gravedad de la situación. La realidad es que el CJNG ha construido una red tan extensa y sofisticada que amenaza con desestabilizar al país, y la gasolina robada es el motor que impulsa esta maquinaria de corrupción. La prioridad, según el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent, es desmantelar estas fuentes de ingresos, porque los cárteles están expandiendo su actividad más allá de las drogas, hacia el control político y económico del Estado.
Con hasta un tercio de todo el combustible vendido en México proveniente de fuentes ilícitas, la batalla contra el “huachicol” se ha convertido en una lucha por la supervivencia de la democracia mexicana. La pregunta ya no es si el CJNG está financiando campañas políticas, sino cuánto tiempo podrá México resistir ante la presión de un estado paralelo impulsado por la gasolina robada.