Evo morales se enfrenta a un juicio por trata: ¿fin de una era política?
La sombra de la sospecha judicial se cierne sobre Evo Morales. El expresidente boliviano, figura clave de la política latinoamericana durante dos décadas, se sentará en el banquillo a partir del próximo lunes para responder por cargos de trata de personas agravada, el delito más grave que enfrenta en este proceso iniciado en 2024. Un juicio que, de resultar desfavorable, podría marcar un antes y un después en su trayectoria y en el panorama político de Bolivia.
La acusación: una relación con una menor y beneficios laborales
El corazón del caso radica en la presunta relación que Morales mantuvo con Cindy Saraí V.P., una joven que tenía 16 y 17 años entre 2015 y 2016, durante su mandato. La Fiscalía sostiene que esta relación habría culminado en la concepción de una hija, y que Idelsa Pozo Saavedra, madre de la joven, habría facilitado la situación a cambio de favores laborales. La acusación se apoya en testimonios y pruebas que, según el Ministerio Público, demuestran una conexión íntima entre el exmandatario y la menor, así como la participación de la madre en la trama.
Lo que nadie cuenta es que la presunta víctima, huyendo de la controversia, solicitó asilo en Argentina en agosto de 2025, obteniendo el estatus de refugiada a través de la Conare. Su testimonio, aunque no presente en el juicio, es fundamental para la acusación. La defensa, por su parte, niega categóricamente las acusaciones, argumentando que se trata de una fabricación con fines políticos.
Rebeldía judicial y acusaciones de persecución política
La apertura del juicio oral representa el punto álgido de la confrontación legal entre Morales y el gobierno actual de Rodrigo Paz. El expresidente, que se encuentra en Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, bajo la protección de sus seguidores, ha calificado el proceso de una “brutal persecución judicial y mediática” destinada a “aniquilarlo moral y físicamente”. Su abogado, Nelson Cox, ha anunciado un recurso ante el tribunal, denunciando vulneraciones al debido proceso y calificando el caso de una acusación “forzada y falsa” con fines mediáticos.
La inasistencia de Morales a las citaciones judiciales no es nueva. Ya en enero de 2025, fue declarado en rebeldía tras ausentarse de dos audiencias previas, lo que derivó en su arraigo, la congelación de sus cuentas bancarias y una orden de aprehensión. La imposibilidad de notificarlo personalmente ha obligado al tribunal a recurrir a citaciones por edicto publicadas en medios de comunicación, un procedimiento que, según la defensa, socava la legalidad del proceso.
El Ministerio Público ha reunido más de 170 pruebas de cargo, un volumen considerable que sugiere la solidez de la acusación. La pena, en caso de ser hallado culpable, podría oscilar entre los quince y los veinte años de prisión. Sin embargo, la estrategia de la defensa se centra en la acusación de lawfare, alegando que se está utilizando el sistema judicial como herramienta política para desestabilizar al expresidente.
La cifra habla por sí sola: 170 pruebas de cargo. El juicio promete ser un espectáculo mediático y político, con implicaciones que trascienden las fronteras de Bolivia. La decisión del Tribunal de Sentencia Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia las Mujeres de Tarija determinará el futuro inmediato de Evo Morales y, posiblemente, el rumbo de la política boliviana.