Impuesto al patrimonio: ¿golpe a la inversión o solución a la crisis?
El gobierno de Gustavo Petro ha desatado una tormenta económica con la imposición de un nuevo impuesto al patrimonio, generando fuertes críticas y poniendo en entredicho la estabilidad de la inversión en Colombia. La medida, decretada bajo el amparo de una emergencia económica, busca recaudar más de 6,3 billones de pesos para paliar los efectos de las recientes inundaciones, pero ¿a qué costo para el futuro del país?
Un impuesto con doble moral
El decreto, que entrará en vigor en 2026, establece tarifas diferenciadas para empresas, gravando con un 1,6% los sectores extractivo y financiero, mientras que el resto de las empresas estarán sujetas a un 0,5%. Esta distinción ha sido duramente criticada por gremios empresariales como Fenalco, quienes denuncian que se está implementando una “reforma tributaria por decreto”, erosionando la confianza del sector productivo. Jaime Cabal, presidente de Fenalco, advierte que esta medida, sumada a otros gravámenes sobre empresas extranjeras, podría ahuyentar la inversión y comprometer la transparencia en la asignación de recursos públicos.
La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) ha publicado un análisis contundente titulado “Un Impuesto Costoso para la Inversión”, señalando que la estructura tarifaria penaliza a las empresas que ya contribuyen de manera significativa al fisco. En un contexto donde la formación bruta de capital fijo ha caído en picado, pasando de un 24% del PIB en 2015 a apenas un 16% en 2025, este impuesto representa un golpe adicional a la capacidad de las empresas para invertir y crecer.
Lo que nadie cuenta es que Colombia se encuentra entre los pocos países del mundo que aún mantienen este tipo de gravámenes, y con tasas considerablemente más altas que sus contrapartes internacionales. Esta situación, según Anif, puede enviar una señal negativa a los inversionistas extranjeros, quienes podrían optar por destinos más favorables.
Riesgos para la economía colombiana
La cifra es alarmante: se estima que el 65% de los 6,3 billones de pesos recaudados provendrán de los sectores financiero y extractivo, mientras que el restante 35% corresponderá a las empresas sujetas a la tarifa general. Este desequilibrio, sumado a la ya existente crisis de inversión, podría acentuar la desaceleración económica y limitar el potencial de crecimiento del país. La discrecionalidad del gobierno en la asignación de estos recursos, especialmente en un año electoral, también genera preocupación y aviva las sospechas de favoritismos y clientelismo.
La medida, lejos de ser una solución mágica a la crisis, podría terminar siendo un veneno lento que mina la competitividad de Colombia y dificulta la atracción de capital extranjero. El tiempo dirá si el gobierno de Petro logrará justificar esta controvertida decisión y evitar un mayor deterioro de la economía nacional. Pero por ahora, la incertidumbre se cierne sobre el futuro de las empresas colombianas.