JEP Urge al Gobierno a Cumplir Sentencias Restaurativas por Secuestros y Falsos Positivos
El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, solicitó al ministro de Justicia, Iván Cancino, convocar una reunión urgente para asegurar el cumplimiento de las sentencias restaurativas dictadas por la JEP en casos de secuestros y falsos positivos. Ramelli argumenta que sin la coordinación del Gobierno Nacional y la asignación de recursos para los proyectos asociados, estas condenas podrían no materializarse.
Importancia de la Instancia de Articulación
La Instancia de Articulación (Insart), que involucra al Gobierno de Abelardo de la Espriella, la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, ha realizado un trabajo considerable desde 2022, con 10 sesiones ordinarias, 3 extraordinarias y 110 reuniones de mesas técnicas. Esta estructura es considerada esencial por la JEP para garantizar la viabilidad técnica, financiera, operativa y restaurativa de las sanciones.
En una carta dirigida al ministro Cancino, Ramelli recordó que las sanciones restaurativas, contempladas en el Acuerdo de Paz, el Acto Legislativo 01 de 2017 y la Ley Estatutaria 1957 de 2019, tienen una doble naturaleza: restaurativa y restrictiva de derechos. Subrayó que, si bien los jueces transicionales imponen las condenas, su ejecución efectiva depende exclusivamente del Gobierno Nacional.
Corresponsabilidad y Coordinación
La JEP enfatiza la corresponsabilidad entre la jurisdicción, encargada de investigar e imponer sanciones, y el Gobierno, responsable de garantizar su cumplimiento. La Insart funciona como un sistema operativo de coordinación entre las entidades del Ejecutivo para crear las condiciones materiales necesarias para ejecutar las condenas por crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio.
Según la carta, la coordinación de la Insart ha permitido identificar cerca de un centenar de proyectos en diferentes niveles del Estado que podrían tener vocación restaurativa durante el plazo de ocho años previsto para las sanciones. Además, ha servido para mapear y asegurar la capacidad financiera de las entidades involucradas en la puesta en marcha de estos proyectos.
La instancia también impulsó la aprobación del Decreto 652 de 2026, que establece condiciones mínimas de habitabilidad, seguridad social y asegurabilidad para la ejecución de estas medidas. Ramelli advirtió que la implementación de este decreto depende de la creación de protocolos entre varias entidades, lo que requiere una coordinación efectiva desde la Insart.