Jet set: la justicia dominicana enfrenta la ira de una nación
El eco de las 236 vidas perdidas en el colapso de la discoteca Jet Set sigue resonando en Santo Domingo, y este domingo, la indignación se materializó en una masiva marcha que exigió justicia. Familias, sobrevivientes y ciudadanos se unieron para presionar a las autoridades y recalificar el caso contra los dueños del local, Antonio y Maribel Espaillat, señalándolos de un delito mucho más grave que el simple homicidio involuntario.
Un desastre anunciado: advertencias ignoradas
La tragedia, ocurrida el 8 de abril de 2025 durante un concierto del merenguero Rubby Pérez, expuso una alarmante negligencia y, según denuncian las familias, un conocimiento previo del peligro por parte de los propietarios. Milagros Martínez, madre de una de las víctimas, gobernadora, relató con dolor cómo los Espaillat “sabían del problema que tenía el local en el techo. Tenían mucho conocimiento, porque él dijo que desde que compró el local caía agua, y él nunca tomó la medida de arreglarlo”. Una declaración que, junto con el testimonio de José Luis Custodio, sobreviviente y familiar de cuatro fallecidos, alimenta la creencia de que se priorizó el lucro sobre la seguridad.
Las audiencias preliminares revelaron que la Fiscalía acusó a los Espaillat de llevar a cabo remodelaciones sin informar a las autoridades, lo que implicó la ausencia de inspecciones y un vacío legal que, según algunos, les ha permitido evadir responsabilidades. Pero la Fiscalía no se queda ahí: ha presentado pruebas que demuestran que los Espaillat desoyeron advertencias internas sobre el deterioro del techo, una negligencia que podría ser catalogada como homicidio voluntario con dolo eventual.
La marcha y la exigencia de un castigo contundente
La movilización, organizada por el Movimiento Justicia Jet Set, recorrió las principales calles de Santo Domingo hasta el Palacio de Justicia, donde los manifestantes corearon consignas como “no fue un accidente, fue homicidio con dolo eventual” y “quien conoce el peligro y no actúa, responde por las muertes”. Ana Ramírez, fundadora del movimiento, enfatizó la necesidad de “recalificar jurídica el caso Jet Set”, señalando que los Espaillat, “son personas que gozan de muchos privilegios y mucho poder”. La Policía Nacional, presente para garantizar el orden, impidió el acceso al edificio judicial, pero la protesta dejó claro el clamor popular por justicia.
La fecha del 15 de junio se cierne como un punto crucial en este caso. Ese día, el juzgado deberá determinar si los Espaillat enfrentarán juicio bajo una figura penal más grave, que podría significar hasta 30 años de cárcel. La decisión judicial no solo determinará el futuro de los acusados, sino también la credibilidad del sistema judicial dominicano y su capacidad para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Este caso trasciende la tragedia individual; pone de manifiesto las debilidades en los controles institucionales y legales que permiten que establecimientos de recreación operen en condiciones de riesgo. El colapso de Jet Set ha abierto un debate nacional sobre la responsabilidad empresarial y la necesidad de fortalecer la vigilancia de las infraestructuras, para que una tragedia de esta magnitud no se repita jamás.