La unp y el atentado a uribe: ¿omissions o una guerra de declaraciones?
La sombra del asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay se alarga sobre la Unidad Nacional de Protección (UNP). Mientras la Fiscalía avanza en la investigación, la entidad se enfrenta a una creciente ola de críticas y acusaciones, alimentada por la persistente figura de Alejandro Villanueva, director del medio Desigual, quien asegura que Uribe solicitó refuerzos de seguridad que nunca llegaron.
La unp niega las solicitudes de refuerzo
En un contrapunto de declaraciones, la UNP, liderada por Augusto Rodríguez, niega rotundamente las acusaciones. Afirman que las peticiones del entonces senador no se referían a un aumento del esquema de protección, sino a apoyos logísticos en territorio. La entidad insiste en que la inspección realizada por la Fiscalía General de la Nación no halló evidencia de dichas solicitudes, descalificando las afirmaciones de Villanueva como infundadas.
Pero la historia tiene más capas. Iván Cancino, reconocido abogado penalista, respalda al periodista Villanueva y sostiene que Miguel Uribe fue abandonado a su suerte debido a “omisiones institucionales graves”. La defensa de Villanueva, según Cancino, se centrará en demostrar cómo la falta de diligencia por parte de la UNP contribuyó a la vulnerabilidad del precandidato.
El esquema de seguridad asignado a Uribe, según la UNP, era completo, con el personal y la logística necesarios. Sin embargo, un factor crucial emerge: la propia decisión del senador. Rodríguez relata que Uribe optó por dividir su esquema de protección para salvaguardar a su familia y se negó a permitir la rotación de sus escoltas, generando una constante carencia de personal. “Él no aceptó ese apoyo. Prefirió que los escoltas se rotaran entre ellos, lo que implicaba que siempre había como mínimo una persona menos”, explica el director de la UNP.
Esta decisión, según la UNP, debilitó la protección de Uribe y vulneró la continuidad del servicio. La entidad también recuerda que otras acusaciones similares han sido retractadas por figuras públicas, como el congresista Miguel Polo Polo, y que algunos han enfrentado acciones legales por injuria y calumnia.
Villanueva, por su parte, rechaza las aclaraciones de la UNP y mantiene su postura, insistiendo en la supuesta responsabilidad de Rodríguez. Aunque la Fiscalía retiró una imputación en su contra, el periodista considera que su gestión fue deficiente. “Si el señor Rodríguez se siente vulnerado, que pague sus propios abogados; no lo haga con los del Estado”, sentenció con dureza.
La disputa entre Villanueva y la UNP ha escalado hasta el punto de anunciar acciones legales por parte de la entidad, acusando al periodista de “señalamientos irresponsables” que buscan aprovechar un suceso tan doloroso para el país.
El caso de Miguel Uribe Turbay no solo es una tragedia personal, sino también un espejo que refleja las fallas y contradicciones de un sistema de protección que, a juicio de muchos, necesita una revisión profunda. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, se esconde entre versiones encontradas y acusaciones cruzadas, dejando una profunda interrogante sobre la responsabilidad de cada uno en la pérdida de una figura clave en la política colombiana.