Marín alerta: la paz en colombia no puede esperar la reestructuración
La Defensoría del Pueblo ha encendido las alarmas en Colombia. Con la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia, la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 se encuentra en una encrucijada, y la Defensora Iris Marín ha lanzado un llamado urgente para evitar retrocesos.
Un mandato constitucional innegociable
La advertencia de Marín llega en un momento clave, justo después del anuncio del presidente electo sobre una reestructuración de las entidades encargadas de la política de paz. La Defensora insiste en que esta reorganización, si bien es una facultad del nuevo gobierno, no puede traducirse en una demora en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con las comunidades, las víctimas y los firmantes del acuerdo. Según Marín, el Acto Legislativo 02 de 2017 establece un deber de “buena fe” para todas las autoridades del Estado frente al acuerdo de paz, un compromiso que se extiende hasta la finalización de tres periodos presidenciales completos.
“El próximo 7 de agosto, con la posesión del presidente electo, inicia el tercer periodo de gobierno con la obligación constitucional de implementar el acuerdo de paz”, enfatizó Marín en el Congreso Internacional “10 años del Acuerdo de Paz: Entre la Firma y la Realidad”. La clara intención es disipar cualquier duda sobre la continuidad de un proceso que, a pesar de sus desafíos, ha representado un avance significativo en la construcción de una paz duradera.
La seguridad, ¿a costa de la paz?
Pero la situación se complica aún más con la promesa de De la Espriella de priorizar la seguridad y “desmontar” lo que él califica como un sistema de impunidad vinculado a la política de paz y a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). El mandatario electo ha anunciado la eliminación de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y la figura del Alto Comisionado para la Paz, transfiriendo sus funciones al Comisionado Nacional de Seguridad. Esto ha generado preocupación sobre si el enfoque se desplaza hacia una lógica de mano dura que podría relegar los aspectos de justicia transicional y reparación a las víctimas.
“No habrá más procesos de falsa paz en mi gobierno”, declaró De la Espriella, una frase que, aunque busca transmitir firmeza, podría interpretarse como una desestimación de los esfuerzos realizados hasta ahora por construir una paz integral. La Defensoría, en cambio, ha pedido que los ajustes institucionales se orienten a agilizar la implementación y generar mayor impacto, sin retroceder en la protección de los derechos de las comunidades.
La urgencia es palpable. Las comunidades, las víctimas y los firmantes del acuerdo siguen enfrentando riesgos y desprotección, y cualquier demora en el cumplimiento de los compromisos podría agravar la situación. La pelota está ahora en el tejado del nuevo gobierno, que deberá demostrar si está dispuesto a asumir su responsabilidad y garantizar la continuidad de un proceso que, a pesar de sus imperfecciones, es fundamental para el futuro de Colombia.