París: el debate mortal sobre la pena de muerte se intensifica
París se ha convertido, una vez más, en el epicentro de un debate que debería haber quedado atrás: la pena de muerte. Mientras la mayoría de los países del mundo han rechazado esta práctica barbárica, un puñado de naciones insiste en mantenerla, incluso expandiéndola como herramienta de represión. El IX Congreso Mundial contra la Pena de Muerte, que se celebra esta semana, pone de manifiesto esta preocupante contradicción.
Un resurgimiento inquietante
Isabelle Rome, embajadora francesa para los Derechos Humanos, lo dejó claro: “Observamos en varios países un resurgimiento de las ejecuciones”. No se trata de un simple retroceso, sino de un uso calculado de la pena capital como mecanismo de control político y social, exacerbado por crisis de seguridad. Esta realidad choca frontalmente con el avance global hacia la abolición: 114 Estados ya la han abolido definitivamente.
El congreso, que reunirá a unos 1.200 participantes de un centenar de países, incluyendo delegaciones ministeriales de naciones como Marruecos, Líbano, Camboya, Tayikistán y Chad, podría presenciar anuncios significativos sobre la limitación de la pena capital en algunos de estos territorios. La esperanza, aunque tenue, persiste.
La cifra es escalofriante: en 2024, 47 Estados aplicaron el castigo capital. China, Irán, Arabia Saudita e Irak lideran la macabra lista, ejecutando la mayoría de las sentencias a nivel mundial. La presencia del presidente francés, Emmanuel Macron, en la jornada inaugural, coincidiendo con el 75º aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos y el primer aniversario del fallecimiento del jurista Robert Badinter, impulsor de la abolición en Francia hace 45 años, le otorga un peso simbólico innegable.
Entre los asistentes, rostros que llevan grabada la experiencia del corredor de la muerte. Daniel Gwynn, quien pasó 30 años a la espera de la ejecución hasta 2024, y Philippe Maurice, salvado por François Mitterrand en 1981, dan testimonio de la injusticia y la arbitrariedad de este castigo.
Pero quizá la figura más reveladora es la de Joaquín José Martínez, el español que, tras una odisea de casi quince años, fue exonerado de un doble homicidio en Tampa, Florida, en 2001. Su imagen, con el traje naranja de reo, quedó grabada en la memoria colectiva española de finales de los noventa. Martínez, ahora convertido en un ferviente defensor de los derechos humanos, se siente, según sus propias palabras, “un precursor” en la lucha contra la pena capital.
“En Estados Unidos antes ni había debate, ahora sí”, afirma Martínez desde las afueras de Valencia, donde trabaja para el abogado que le liberó, Marcos García-Montes. Su optimismo, alimentado por su propia experiencia, es contagioso: “Creo que será uno de los próximos países en abolirla”. Martínez, padre de siete hijos, abuelo de cuatro y con una pareja estable, encarna la posibilidad de redención y la necesidad de dar una segunda oportunidad.
A pesar de las crecientes corrientes que abogan por una mayor dureza en materia de seguridad en algunos países europeos, Martínez se muestra firme: “No creo que ningún país europeo vaya a dar marcha atrás. La humanidad evoluciona para mejor”. Su convicción, forjada en el infierno del corredor de la muerte, es un faro de esperanza en un mundo aún marcado por la barbarie.